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Fiesta de maleantes

Por:  John Bennett N.

Fui funcionario público por 14 años (Jefe de Seguridad Aérea, Director Fundador de la Escuela de Aeronáutica Civil, Sub-Director General y dos veces Director General de Aeronáutica Civil) e inclusive trabaje en la Comisión de Seguridad Nacional de la Presidencia en donde recibí cursos de negociación con rehenes y manejo de crisis en secuestros y tal, con la FBI. Le señalo estas cosas con el fin de constatar que no soy ajeno a los temas de seguridad, los que guardan relación uno con el otro aunque sean en actividades distintas.


      Una de las cosas que más preocupan en estos temas de seguridad pública es ver que es sumamente común que las “autoridades” en vez de tomar medidas efectivas en el tema de la seguridad, prefieren hacer ver que están haciéndolo, pero sin sustancia. Este es el caso de un proyecto de ley que está dirigida a supuestamente mejorar la seguridad pública en lo tocante a las armas de fuego; lo verdaderamente pasmoso es ver que opten por la vía fácil de hacer ver, en vez de tomar medidas reales y efectivas, tal como ocurre con el tema del transporte y del tránsito.


      Una ley para ser efectiva tiene que considerar lo que en sicología se llama “la acción humana”; en otras palabras, tener claro cómo reaccionarán las personas ante una norma, cuando esta puede ser lógica o sencillamente movernos a rodearla por ser absurda. Y para demostrar que esto ocurre con demasiada frecuencia, le cito el caso de la Vía Panamericana cuando bajaron el límite máximo de velocidad a 80 KPH y convirtieron al 80% de los conductores serios en infractores; igual que los que acostumbran andar a 120 Kph o más. En otros países hasta han identificado estas triquiñuelas oficiales como “trampas de velocidad”, y en Panamá nuestros agentes de tránsito y las propias autoridades usan estos ardides con frecuencia. En los EE.UU., por ejemplo, existe la norma del 80%, que consiste en ubicar el límite máximo de velocidad en la velocidad promedio a la cual conduce el 80% de los conductores; esto basado en la premisa de que el 80% de los conductores son personas cuerdas y saben conducir con seguridad.


      Reenfocando el tema de las armas, nuestra Constitución Política dice explícitamente en su artículo 305 que “Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado”. En este artículo vemos de inmediato que hemos de estar en la obligación de tomar las armas, lo lógico y sensato es que sepamos usarlas, pues sería absurdo esperar que sea menester para entonces comenzar a aprender. Luego, el artículo 307 adiciona: que la ley definirá cuáles armas no se consideran armas de guerra y reglamentará su importación, fabricación y uso. Lo que va quedando claro en todo esto es que es un derecho constitucional la tenencia de armas, tanto para la defensa de la nación como de la persona.


      El grave problema que surge es cuando algún partido político, o algunos en un partido político que va tomando fuerza sobre los demás, siente que para garantizar en alguna medida su hegemonía política debe ir desarmando a todos los panameños para ellos tener un monopolio de las armas. No olvidemos que al final de la dictadura muchos miembros de un partido específico quedaron armados hasta los dientes, y no creo que la mayoría hayan ido a canjearla por comida.


      En los  EE.UU., en las notas a la Constitución de ese país, queda claro que uno de los graves problemas de toda sociedad es que sea tomada por algún gobierno, y de eso tenemos ya buena experiencia. Pero esta posibilidad se reduce cuando los ciudadanos probos del país tienen los medios para su defensa personal, ya sea en contra de una agresión externa o interna. Es absurdo y peligroso darles a los gobiernos, que ya tienen toda la fuerza necesaria, un monopolio de las armas.


      Algunos argumentarán que el nuevo proyecto de ley no prohíbe la tenencia, lo cual es cierto; pero, regresemos a los de la “acción humana” y entendamos que en la medida de que las personas se les dificulte la tenencia legal, optarán por circunvalar la norma, pues no son muchos los que están dispuestos a prescindir de elementos con los cuales defenderse a sí mismos y a sus familias. Tomemos el artículo propuesto que obliga a quien tienen un arma a guardarla bajo llave en un sitio y las municiones bajo llave en otro. Sería como en película ver a una persona buscando llaves, destrancando candados y tratando de cargar el arma, mientras el malandrín observa todo el alboroto, muerto de risa. Lo que dicta la acción humana es que nadie cumplirá esta norma; y como esta están otras. El proyecto tiene cosas buenas, las cuales quedan opacadas por las pésimas.


      Los argumentos que hemos escuchado de parte de las autoridades para justificar una ley excesiva y abusiva son baladíes, por varias razones. Ni el 1% de los crímenes se cometen con armas registradas. Lo sensato es facilitar la inscripción para saber quiénes las tienen. Nos hablan de seguridad, pero en los países y sitios en donde las han prohibido, los malhechores hacen fiesta de júbilo y aumentan los crímenes.


      Lo único que está pasando aquí es que algunos funcionarios quieren darle una respuesta a la ciudadanía frente a la ola de delitos y crímenes violentos; pero en vez de tomar medidas efectivas, que implican mejorar su forma de trabajo, optan por hacer ven  que hacen. ¡Es una gran decepción¡

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