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Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual

Por:  Eduardo Espino López

La Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocada en mayo de este año ha terminado sus sesiones sin llegar a ningún acuerdo. Las sesiones se reanudarán en abril de 2008.

Esta Asamblea creó el llamado Grupo de Trabajo Intergubernamental de la OMS sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual. Dicho grupo  busca delinear los elementos de una estrategia mundial y un borrador de plan de acción para estudiar el tema de las patentes de productos farmacéuticos para tratar enfermedades como la tuberculosis, malaria, sida; que acarrean grandes pérdidas en naciones que no tienen sistemas de salud que afronten con éxito tales plagas.

No obstante, hay un reporte de la Sociedad Civil (RSC), constituido por diversas organizaciones internacionales como el Instituto Libertad y Progreso de Colombia, el Hudson Institute, la Fundación Atlas 1853 de Argentina, la Asociación de Consumidores Libres de Costa Rica, la Free Market Foundation de Sudáfrica, entre otras, donde se cuestiona los orígenes de la legitimidad institucional del GTIG.

Según el documento del GTIG de la OMS, hay una creciente carga de enfermedades y condiciones  de salud de países en desarrollo para las cuales no existe tratamiento o no pueden ser costeados.

El reporte de la Sociedad Civil (RSC) critica y cuestiona las premisas fundamentales en las que se basa el GTIG. En primer lugar, afirma dicho panel en su borrador que “el sistema de patentes y precios es una barrera de acceso a los pobres para que reciban medicinas”; luego el GTIG afirma que “hay escasez de investigación y desarrollo de medicamentos para estas enfermedades”. Según el RSC, la secretaría del panel de la OMS ignoró los comentarios críticos de los Estados miembros, por ejemplo, Australia, Japón, Alemania, Estados Unidos y otros no ven la funcionalidad y utilidad de un nuevo foro para este asunto por cuanto ya existen acuerdos previos incumplidos.

El RSC cita también al British Medical Journal del 11 de agosto de 2007  que recopila intensa bibliografía sobre el tema y establece que “la antigua creencia de que no es económicamente viable desarrollar medicamentos específicamente para enfermedades tropicales ha sido destruida. Se han establecido acciones para desarrollar productos en seis enfermedades descuidadas en los últimos 7 años y se siguen desarrollando de 8 a 9 más en los próximos 5 años. El RSC pone como ejemplo el estudio publicado en el Journal of American Medical Association  sobre patentes  de antirretrovirales  para el SIDA en África; el cual concluye que las patentes son rara vez registradas o respetadas y que es erróneo equiparar la simple existencia de patentes como barrera para acceder al tratamiento de SIDA ya que la relación entre acceso y patentes es más compleja y difícil de comprender.

Depende de factores ajenos al mercado como las directrices médicamente aceptadas para el tratamiento de antirretrovirales (ARV).

La FDA de E.U. en mayo de 2004 ofreció una vía rápida para tratamiento con ARV en cualquier país, con el fin de ponerlo a prueba y certificarlo en bioequivalencia y estándares internacionales de fabricación. Hoy día, hay varias copias de ARV (genéricos) en India y Sudáfrica designadas por la FDA y aparecen en la lista del programa de precalificación de la OMS. El 70% de la lista es comprada con dinero de ayuda externa estadounidense.

Kevin de Cock, director de la división de  HIV de la OMS, también es citado por el RSC quien dijo el año pasado: “Es obvio que el elefante en la habitación no es el precio actual de los medicamentos. El verdadero obstáculo es la fragilidad de los sistemas de salud. En los países en desarrollo hay cadenas de suministro que no existen”.

El RSC puntualiza que además de los sistemas de salud de las naciones en desarrollo como barreras al acceso a medicamentos, los impuestos y aranceles a los fármacos inciden más en el precio final que el cobrado por los fabricantes. Existe evidencia, dice el RSC, de que “algunos gobiernos consiguen medicamentos eficientemente, pero le cobran altos precios a los pacientes. En Indonesia, en el sector público los pacientes pagan 11 veces el precio” (OMS, 2006). Otra barrera que señala el RSC son los sistemas de registro complejos en naciones pobres en las que se dan tratos preferenciales a oferentes nacionales sin justificación científica.

Cualquier panel de expertos independientes que se respete a sí mismo llegaría a la conclusión de que existe una ausencia de evidencia empírica que pueda apoyar la justificación de la OMS de crear esta comisión. Dice el RSC que el término “precio” y “muy caro” es subjetivo; porque “el valor económico ventajoso relativo a sus resultados debe ser tomado en cuenta”. Y es que no es lo mismo un fármaco “barato” que se tiene que aplicar 4 veces al día por inyectables que gastan insumos y personal, que uno más “caro” que se aplica una vez al mes por ejemplo.

La investigación es un esfuerzo tecnológico complejo en cualquier sociedad, su base es la evidencia inflexible a partir de investigación rigurosa. No obstante, algo que no ayuda a enfocar el problema adecuadamente son las evaluaciones incorrectas de los programas de investigación para enfermedades descuidadas. Empresas alemanas, españolas, estadounidenses, canadienses, belgas y demás países desarrollados tienen centros de investigación y realizan estudios de enfermedades tropicales en varios países pobres.

Lo que vemos en este reporte es que los factores que más inciden en la salud de un país son ya conocidos: la presencia o ausencia de un sistema de gestión ágil, eficiente y honesto de los recursos, el aprovechamiento efectivo de la ayuda externa, las instituciones de seguridad social, el respeto a los derechos de propiedad intelectual  de las multinacionales que gastan ingentes sumas de dinero en investigación y desarrollo; y múltiples factores no relacionados a la salud en sí que tienen que ver con los soportes fundacionales de un estado de Derecho y una economía de libre mercado. No hay cabida a posiciones extremistas y demagógicas de parte de grupos de interés político que son los que están haciendo un enorme daño a las poblaciones más pobres del mundo contribuyendo a perpetuar el discurso tercermundista en los foros internacionales.

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