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28/06/2010

Lo más grueso del chorizo

Por: Roberto Brenes P.

Dizque por economía legislativa y rapidez, el Gobierno introduce y aprueba una ley de aviación  que acabó en  portaviones de sensitivas reformas legislativas. Esta “Ley Chorizo” soslaya un debate razonable sobre las reformas, peca de inconstitucional y de paso enfada a sectores afectados que ahora se asocian  para adversar al gobierno. Pero más preocupa que con estas reformas, el gobierno promueve un orden jurídico paralelo que le conviene solo a él  y se divorcia cada vez más de la idea de un Estado de Derecho único para todos.
Cierto es que parte de las reformas tienen más simpatizantes que adversarios. Este es el caso de los cambios al Código del Trabajo que limita el poder de los sindicatos y que contravenían postulados básicos de la libertad individual. Pero la forma y no el fondo, impiden un abierto apoyo ciudadano. Incluso se logra el milagro de que los  gastados líderes sindicales se perciben momentáneamente como paladines de la sensatez y ahora compañeros de ruta de la infantería conservacionista.
En el caso las reformas penales para dizque proteger a la fuerza pública en caso de enfrentamiento armado, la reforma introduce cambios  cuestionado por juristas e incluso se piensa que no tendrán sino resultados contrarios a los pretendidos. No soy de los que piensa que la reforma propicia crear escuadrones de sicarios, pero la reforma le quita escrutinio  y transparencia respecto a los que pasa en la policía. Los policías tienen ahora reglas diferentes de los demás ciudadanos. Si tú matas a un ladrón dentro de tu casa en defensa propia, por ley, vas preso mientras se investiga el caso. Eso es estúpido, como lo es que vaya un policía por matar en el ejercicio de sus funciones. Debieron cambiar la ley para todo el mundo, y no crear privilegiados armados.
El tema que más revuelo ha causado está aquél de permitir que por “interés público” se den obras y proyectos sin requerimientos de estudios de impacto ambiental. Lo peor de esto no es la omisión del requisito que como veremos, es muy relativo. Lo peor es aceptar que la ANAM es un estorbo y que el gobierno prefiere hacer un camino alrededor de la monstruosa burocracia, que encarar su profunda reforma. “Out sight, out of mind” dicen en inglés;  ahora qué interés estatal habrá para hacer de ANAM algo que le sirva bien a todos?
Las reformas ambientales carecen de visión estratégica tanto jurídica como financiera. ¿Adónde cree el gobierno que va a llegar, promoviendo proyectos sin estudios, cuando éstos se han convertido en condiciones Sine Qua Non para bancos, inversionistas institucionales, compradores internacionales y por supuesto de todas las instituciones internacionales? Algunos dirán que no faltarán empresas de tercera clase y con maleantes promotores que lo hagan. Pero si hay algo exitosamente globalizado, para bien o mal, es la idea de la responsabilidad social corporativa y la responsabilidad ambiental.
El riesgo legal, financiero y reputacional de todos los involucrados en la cadena de valor de un proyecto es muy grande para ignorarlo. Y  quien lleva la peor parte es el propio gobierno. ¡O es que alguien piensa que nos veremos del carajo en la Asamblea de la ONU hablando de trabajo infantil, pobreza y calidad de vida cuando nos horadan el subsuelo proyectos sin ningún contrapeso institucional o lidiando con promotores de mala calaña! Sin estudios, no hay plata ni mercados  y tampoco hay buena reputación.
Pero lo más grueso del chorizo no está en el articulado sino en el propósito final. Para deshacerse de demorados requisitos y de escrutinio ciudadano y transparencia, este gobierno como las anteriores no tiene reparos de irse creando vías de excepción a su gestión, que al final lo único que logran es devaluar el Estado de Derecho creando sesgos y distorsiones. Desde no tener que aplicar reglas laborales del código hasta blindar  a los burócratas y políticos del escrutinio y la acción legal que se aplica al ciudadano de a pie, se crea un estado jurídico alterno donde vale casi todo. No dudo que las intenciones del gobierno sean cumplir y servir. Pero esas normas, como están, sirven también para el privilegio y el saqueo.
Y es cosa de pensar que salen de un gobierno de empresarios que ha sufrido la prepotencia anterior,  que juró derogar y reformar. Pero los estados de excepción siguen y se aumentan; se compra en forma directa más que nunca, los decretos mordazas allí, la promesa de abolir la Prueba Sumaria, que blinda y encubre a los funcionarios sigue engavetada. Las mieles del Estado Omnipotente son gustosas,  y ahora con el portaviones se acomodan, como el lobo de Caperucita  “PARA MANDARNOS MEJOR ¡”


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