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31/07/2017

Discrecionalidad = corrupción

Por: Jaime Raul Molina

Nuestro país está aquejado por la corrupción de funcionarios. Los escándalos de corrupción que han sido destapados -muchos de ellos por labor de periodismo investigativo y otros por labor de autoridades judiciales de otros países-- en años recientes apuntan a un sistemático abuso del aparato del estado para hacer negocios a costa de los recursos del pueblo panameño. Sin embargo, permítame decirle una noticia: ni Odebrecht ni el gobierno de Ricardo Martinelli inventaron la coima. Para usar una analogía que ha utilizado ya una diputada, solo industrializaron lo que antes era artesanal.

Con mucha razón la ciudadanía está exigiendo que cese la impunidad, que se investigue de verdad los hechos, se haga auditorías a obras públicas y proyectos millonarios, y sean investigados y juzgados los que resulten vinculados. Pero veo que cometemos un error si nos enfocamos solo en la empresa Odebrecht. Me refiero a que si creemos que el problema se resume al sofisticado esquema de corrupción desarrollado por la empresa brasileña, y que una vez encarcelados todos los vinculados a dichos esquemas -tanto de la empresa como del gobierno y de los intermediarios que hayan facilitado estos esquemas-- habremos resuelto el problema, entonces vamos por mal camino.

Digo lo anterior porque no estamos atacando la raíz del problema. La causa del mal está en varios factores, pero el principal de ellos es la enorme discrecionalidad estatal en una serie de funciones. El otorgamiento de concesiones para la minería, por ejemplo, sigue siendo altamente discrecional -por más que el procedimiento esté disfrazado de objetivo. El otorgamiento de cupos de operación para el transporte selectivo (taxis), al ser discrecional, sigue siendo una fuente enorme de corrupción, que además limita la oferta que necesita el ciudadano para obtener un servicio de calidad. Los anteriores son solo ejemplos, pues en general la discrecionalidad del funcionario es la regla todos los aspectos de la Administración Pública.

La discrecionalidad del funcionario es además la regla, y no la excepción, en la interacción del estado con el ciudadano. Un monstruo muy particular en esto es el silencio administrativo. Cuando usted como ciudadano efectúa un trámite administrativo de cualquier clase, y requiere que la Administración le emita un acto administrativo para reconocerle algo a lo que usted tiene derecho, en teoría el funcionario tiene período determinado para resolver y, también en teoría, solo puede rechazar su solicitud basándose en fundamento legal, es decir, no puede rechazar porque el funcionario no quiera, sino porque su solicitud esté en omisión de algún requisito que la ley requiera. En la práctica, sin embargo, lo que ocurre es que jamás le resuelven dentro del término establecido en la ley, y allí es donde opera el silencio administrativo, que significa que el funcionario puede rechazar su solicitud sin rechazarla. Tan solo tiene que dejar pasar el tiempo de dos meses que establece la ley para rechazar de manera fundamentada su solicitud como ciudadano, y ya con eso puede evadir impunemente su obligación de motivar el porqué rechaza su solicitud.

Todo lo anterior en el contexto de un estado con cada día más poder para intervenir en nuestras vidas, con la excusa de prevenir el delito y asegurar el orden público.

¿Cuál es la solución? No hay una pastillita que pueda curar el problema sin traumas. Se requieren cambios institucionales profundos de rango constitucional y legal, pero todo pasa por constreñir al funcionario y eliminarle la discrecionalidad, así como retornar al estado a sus funciones esenciales, obligándolo a dejar de meterse a empresario, benefactor social, juez y parte en contrataciones públicas, etc. Crucialmente, el silencio administrativo debe hacerse positivo para todos los asuntos que tengan que ver con el ciudadano, es decir, que ante su incapacidad de resolver dentro del término, se entienda automáticamente aprobada la solicitud del ciudadano -y no rechazada como es actualmente.

Mientras no lo entendamos y sigamos pensando que la corrupción es asunto de personas, y no de institucionalidad, continuaremos estrellándonos.

El autor es director de la Fundación Libertad


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