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20/11/2017

¿Quién le pone el cascabel al gato?

Por: Alejandro Vásquez Vallarino

Uno de los propósitos del poder judicial es actuar como contrapeso al poder ejecutivo y legislativo. Entre las responsabilidades del judicial está determinar la legalidad o no de las leyes aprobadas por el legislativo y las actuaciones del ejecutivo. Es decir, sin un poder judicial el ejecutivo podría interpretar y ejecutar las normas a su gusto. El uso y abuso del poder ejecutivo en los últimos quinquenios es atribuible a un Órgano Judicial ausente y/o cómplice de la perversión de las funciones públicas. Reparar el Órgano Judicial es una tarea inminente e inaplazable si queremos hacer responsables a quienes atropellan la institucionalidad de nuestro país.

Panamá se encuentra en una coyuntura crítica para promover una divergencia institucional de las prácticas nefastas e intolerables. Ahora es el momento para adoptar políticas y diseños institucionales que permitan la administración de justicia, rendición de cuentas y límites al ejecutivo. Tengamos claro que ni el ejecutivo ni legislativo tienen incentivo alguno de restaurar la balanza de poder, porque significa el fin de la fiesta con el dinero ajeno. Queda en nosotros, la ciudadanía, enviar un mensaje contundente a la clase política que solidificar el Órgano Judicial es tarea urgente y prioritaria.  Fracasar dicha tarea tendrá como consecuencia perder su puesto público.

El poder judicial está secuestrado por fuerzas foráneas del Órgano Judicial y no actúa de forma independiente. En materia de independencia judicial el índice de Competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Mundial coloca a Panamá en la posición 120 de 137 países (puntación de 2.8 sobre 7.0)… Qué vergüenza! El limitado grado de institucionalidad que existe es de las mayores deficiencias de Panamá según el índice.

La primera desgracia para nuestro sistema judicial es que no goza de independencia financiera. El proceso de asignación presupuestaria está viciado por lo que el judicial jamás recibe el monto que solicita. Curiosamente quienes a fin de cuentas deciden la asignación presupuestaria se favorecen de un poder judicial empobrecido e ineficiente. La Constitución establece que “La CSJ y el Procurador General de la Nación formularán los respectivos presupuestos… y los remitirán oportunamente al Órgano Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto General del sector público.” En la práctica, el ejecutivo modifica a su discreción el presupuesto solicitado y la asamblea apadrina la modificación, quedando renegadas las necesidades del poder judicial. El presupuesto se convierte en una herramienta del ejecutivo y legislativo para premiar o castigar las actuaciones del judicial. 

Los países con mayor independencia judicial formulan su asignación presupuestaria de forma muy distinta; es un tema técnico y no político.  Una solución para despolitizar el presupuesto judicial es la creación de un cuerpo administrativo independiente, muchas veces llamado Consejo de Administración Presupuestaria. El consejo es responsable de establecer un presupuesto basado en estadísticas, necesidades y proyectos por venir del judicial;  también presenta el presupuesto al ejecutivo y tiene facultades de dirigirse ante la asamblea cuando amerite. Los países que integran esta figura además le tienden a otorgar facultades de supervisión de ejecución presupuestaria e implementación de políticas administrativas para el Órgano Judicial. De implementarse, se requerirá adecuar la figura a nuestra realidad istmeña. Mi intención es destacar la necesidad de otorgar independencia económica al Órgano Judicial.

Sin independencia judicial no hay garantía de que el contenido de la ley se ajuste al texto constitucional. Se imposibilita desafiar las leyes, decretos y actos administrativos que atentan contra nuestros derechos y libertades. Se garantiza la impunidad ante la desviación de fondos públicos, el pago de coimas, el favoritismo y la corrupción. En general, sin independencia judicial no hay soluciones justas a las controversias.

Ante tantos escándalos de corrupción y la evidente podredumbre de la clase política que ha retenido el poder sin control alguno por años, pregunto: ¿Quién le pone el cascabel al gato? El Órgano Judicial. Este debe atravesar serios cambios para recuperar su funcionalidad y así poner un alto a las arbitrariedades de la Asamblea y el Ejecutivo. Todos los ojos están puestos en nuestra corporación de justicia, dotémosla de herramientas para acabar con las malas prácticas. De no hacerlo estaremos condenados a vivir en un país empobrecido, corrupto y sin justicia.

 

El autor es miembro de la Fundación Libertad


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