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22/01/2018

El salario mínimo y su falsa justicia

Por: Susana Lezcano

Luego de seis meses de negociaciones entre trabajadores y empresarios sin lograr acuerdo, el ejecutivo usó sus facultades para establecer el aumento del salario mínimo en 6.5% para las grandes empresas y 4.5% para las pequeñas, dejando el nuevo salario mínimo a $721 a nivel nacional, a excepción de Darién y las comarcas, donde lo establecido fue $563.

 

Pero que aumenten el salario mínimo es bueno, ¿verdad? Eso también pensé en algún momento…

 

Si bien el salario mínimo, sus ajustes periódicos y otras disposiciones tienen un fundamento legal en apariencia justa según lo establecido en los Artículos 172 al 179 de nuestro Código de Trabajo, la realidad es que su aumento, en el mejor de los casos, tiene un efecto opuesto de lo que debería lograr.

 

Al forzar estos aumentos de salarios (en lugar de definirlos por políticas de empresa basadas en desempeño y productividad de sus trabajadores), se incrementan los costos de producción o de los servicios que adquirimos. Esto deja a las empresas, grandes o pequeñas, con las alternativas de aumentar los precios al consumidor final, suspender contrataciones nuevas o, en última instancia, reducir planilla. Al final quedamos con bienes y servicios más costosos y mayor desempleo, y ese porcentaje de salario que se aumentó, queda anulado, para iniciar el ciclo nuevamente. Puede que este sea un resumen algo simplista, pero por ahí va la cosa.

 

Aunque este aumento no entró en vigencia sino hasta el 1 de enero, ya días antes, empezamos a ver notificaciones de aseguradoras, servicios de televisión paga y restaurantes de comida rápida anunciando aumentos en sus precios. En lo personal, me tocará hacer ajustes a mis hábitos de consumo, pero ¿y qué harán aquellos que pierdan su empleo cuando las industrias en las que trabajan empiecen a decaer?

 

Actualmente, la tasa de desempleo en Panamá se encuentra en 5.6% y según datos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), se estima que subirá a 6.5% al término del actual gobierno. Ahora, estos aumentos del salario mínimo tienen un impacto mucho más severo en los jóvenes, población de 15 a 29 años, para quienes la tasa de desempleo es el triple que para el resto de la población económicamente activa y quienes solo han obtenido 1 de cada 15 nuevos empleos generados por la economía en los últimos cinco años. Desde una perspectiva más cruda, casi 45% de la población desempleada es menor de 30 años.

 

Hablamos de un grupo que representa el 24% de la población panameña y 1/3 de la población en edad productiva en Panamá, a quienes se les reducen las oportunidades de entrar al mercado laboral y de satisfacer necesidades reales de generar sustento, sufragar estudios, independizarse y convertirse en ciudadanos productivos con todas las de la ley.

 

En el caso de poblaciones más vulnerables, no es que se quedan de manitas cruzadas, sino que en el mejor de los casos quedan vendiendo tomates en los semáforos, en la informalidad, sin ningún tipo de prestaciones, derecho a vacaciones, ni seguridad social. Y tampoco emprenden porque carecen de las capacidades técnicas, administrativas y capital para hacerlo, lo que al final hace del salario mínimo una medida perversa.

 

Se supone que este incremento, el cual regirá hasta 31 de diciembre de 2019, beneficiará a unos 292,000 trabajadores. En realidad, son 292,000 trabajadores que entran en una lotería en la cual el premio será conservar sus empleos y mantenerse fuera del nocivo sistema de subsidios que tenemos en pie.

 

Así que antes de alegrarnos por una medida que es enteramente política, pensemos en las consecuencias reales a corto y largo plazo, y aboguemos por incentivos a la producción que promuevan el emprendimiento y la competitividad.

 

 

La autora es miembro de la Fundación Libertad


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